La litigación penal en México ha experimentado una serie de cambios significativos desde la nada sencilla implementación del sistema de justicia penal acusatorio formalizada en el año 2008. Este sistema, como sabemos, se basa en principios de oralidad, contradicción, publicidad y eficiencia, que transforman la forma en que se llevan a cabo los procesos penales en nuestro foro jurídico. Dentro de esta realidad, las técnicas de litigación se erigen como un componente esencial, no solo por su capacidad de influir en el resultado de las causas penales, sino también por su fundamentación jurídica que busca garantizar una defensa efectiva y el respeto a los derechos humanos, sin que ello represente un obstáculo en la investigación, persecución y sanción de los delitos.
El fundamento jurídico de las técnicas de litigación en México, aunque difuso, implícito y diseminado en distintas disposiciones normativas, halla su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. El artículo 20 de la Constitución establece, entre otros, el derecho a una defensa adecuada y, por ende, la necesidad de contar con estrategias claras y efectivas que permitan al abogado actuar en representación de su cliente de manera competente. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce la importancia de la oralidad, la contradicción y la inmediación, principios fundamentales que requieren de una sólida capacitación en técnicas de litigación para su correcta aplicación en las audiencias que conforman el proceso penal.
A lo largo de la práctica penal, se han identificado diversas técnicas de litigación que revisten particular importancia. La “técnica de la narrativa” es una herramienta que permite al litigante construir una historia convincente que interprete los hechos desde su perspectiva, captando la atención del juzgador. Otro ejemplo es la “técnica del contrainterrogatorio”, la cual principalmente busca desvirtuar la credibilidad del testigo de la parte contraria a partir de preguntas precisas y estratégicas que revelen contradicciones o debilidades en su testimonio. Estas técnicas, junto con otras como la elaboración de exposiciones claras y persuasivas, son fundamentales para lograr una defensa efectiva en un marco adversarial.
La aplicación de estas técnicas implica diversos retos para los operadores jurídicos. La necesidad de adaptarse a un entorno de oralidad y rapidez requiere no solo habilidades técnicas, sino también una comprensión profunda de la dinámica del proceso. Asimismo, los abogados deben formar un entendimiento colectivo con sus equipos de trabajo para asegurar una presentación coherente y estratégica. La variable tiempo se convierte en un factor crítico; la capacidad de pensar y reaccionar rápidamente puede determinar el rumbo de una disputa legal.
Las técnicas de litigación se convierten, así, en un factor decisivo en la resolución de los procesos penales. La forma en que se presentan las pruebas, se interroga a los testigos y se estructura la argumentación puede influir notablemente en la decisión final del juez. En efecto, el éxito o fracaso en el litigio no siempre depende de la carga probatoria, sino de la forma en que esta se articula en un contexto oral y directo que busca persuadir al juez de manera real y viva.
Las técnicas de litigación no están exentas de inconvenientes. La diversificación de métodos y la variedad de estilos de los litigantes pueden dar lugar a prácticas poco éticas, donde la manipulación o la teatralidad pueden sustituir a un argumento legalmente fundado. Esto señala la necesidad imperante de un marco normativo claro que limite tales excesos y garanticen que las técnicas de litigación se utilicen de manera justa y equitativa.
La crítica hacia las técnicas de litigación radica también en su falta de un fundamento único. Al estar influenciadas por los usos y costumbres de cada foro jurídico, se corre el riesgo de que se interpreten y ejecuten de maneras disímiles. Esta pluralidad puede representar una ventaja en cuanto a la creatividad y adaptación al contexto, pero a la vez es motivo de incertidumbre y desigualdad en el acceso a una defensa adecuada.
Especialistas en el ámbito penal han expresado diversas opiniones sobre la implementación y eficacia de las técnicas de litigación. Algunos argumentan que son cruciales para elevar la calidad de la defensa y garantizar un juicio justo, mientras que otros advierten sobre el riesgo de que se conviertan en una mera faceta estética del litigio, donde el espectáculo opaque la justicia real.
En conclusión, las técnicas de litigación son un componente esencial y transformador del proceso penal mexicano. Se requiere que los abogados las adopten y perfeccionen como un conjunto de habilidades, pero también como una filosofía orientada a la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos humanos. Por ello, mi consejo es que, como operador jurídico, busque siempre la capacitación continua y el aprendizaje colaborativo, para hacer de la litigación una herramienta que sirva a la justicia, más que a la simple victoria en el litigio concreto. Después de todo, como afirma la jueza mexicana Isabel de la Vega, “la justicia no es un espectáculo, sino un compromiso ético”.