Viajar altera la escala con la que juzgamos lo cotidiano y vuelve visible aquello que la costumbre nos enseñó a tolerar.
Viajar debería servir para algo más que acumular fotografías. En su mejor sentido, viajar altera la escala con la que juzgamos lo cotidiano: vuelve visible aquello que en casa, por repetición o resignación, habíamos dejado de mirar. Eso me ocurrió después de conocer la gran Londres y aventurarme un poco más allá de sus límites. Junto al asombro que producen su infraestructura, su memoria y la continuidad de sus instituciones, apareció una pregunta inevitable y, para un mexicano, dolorosa: ¿por qué una ciudad sometida durante siglos a guerras, epidemias, incendios, bombardeos y crisis conserva un nivel de organización social que todavía parece remoto para buena parte del continente americano?
La pregunta adquirió especial intensidad porque mi viaje coincidió con las celebraciones de la Independencia de México. Mientras de este lado del Atlántico observaba una sociedad que convirtió buena parte de sus catástrofes en aprendizaje institucional, del otro lado mi país celebraba con el entusiasmo que nos caracteriza. No hay nada reprochable en celebrar la emancipación política. Un pueblo necesita símbolos, memoria y ocasiones para reconocerse. Lo inquietante comienza cuando la conmemoración sustituye a la reflexión y cuando el júbilo nos permite olvidar que una independencia proclamada no equivale, por sí sola, a una ciudadanía emancipada.
La primera respuesta posible a mi inquietud es también la más obvia: los británicos no son superhombres, extraterrestres ni una clase superior de seres humanos. La obviedad importa porque desmonta una coartada frecuente: atribuir el desarrollo de otros pueblos a una supuesta virtud innata y explicar nuestras carencias mediante un defecto igualmente natural. Nada de eso resiste un examen serio. En Londres vi personas que se anticipaban disciplinadamente para abordar el Underground, pero también encontré descortesía, indiferencia y pequeños abusos. Es decir, encontré seres humanos. Bajo el idioma, la melanina y las costumbres late la misma criatura contradictoria, capaz de cooperación y egoísmo, de grandeza y mezquindad.
Si la diferencia no está escrita en la biología, debemos buscarla en la historia, en las instituciones y en los hábitos que ambas producen. Una conducta civilizada rara vez depende de que todos los integrantes de una sociedad sean virtuosos. Depende, en gran medida, de que existan reglas comprensibles, consecuencias previsibles, servicios que funcionan y una cultura que convierte ciertas formas de convivencia en algo normal. No se trata de negar la libertad individual, sino de reconocer que la libertad también necesita cauces. Cuando el entorno premia la puntualidad, sanciona el abuso y hace costosa la corrupción, incluso una ciudadanía imperfecta puede comportarse razonablemente bien. Cuando ocurre lo contrario, hasta las mejores disposiciones terminan erosionadas.
La historia constituye, por supuesto, una diferencia considerable. Londres es la capital de una sociedad antigua, curtida por aciertos y fracasos, que ha tenido siglos para acumular conocimientos, riqueza, procedimientos y símbolos de continuidad. Pero sería ingenuo contemplar esa madurez sin advertir su lado oscuro. Una parte de la prosperidad británica se edificó sobre la expansión imperial, la explotación de otros pueblos y la apropiación de bienes y recursos que todavía hoy suscitan reclamaciones legítimas. El Museo Británico, con toda su magnificencia, es también un inventario de esas contradicciones. Admirar la capacidad institucional del Reino Unido no exige absolver su historia; por el contrario, una comparación honesta debe mirar al mismo tiempo sus logros y el precio que otros pagaron por ellos.
México, por su parte, es un Estado nacional más joven, aunque descansa sobre civilizaciones mucho más antiguas que la propia nación británica. Por eso conviene evitar la idea de que antes de la Conquista no existían aquí historia, política o desarrollo social. Lo que sí es cierto es que nuestra vida independiente ha sido breve y accidentada. En poco más de dos siglos hemos atravesado invasiones, guerras civiles, pérdidas territoriales, dictaduras, revoluciones y prolongados periodos de desigualdad. Nuestra juventud nacional no equivale a inocencia ni nos condena a la inmadurez, pero ayuda a explicar por qué muchas instituciones aún no han adquirido la estabilidad que en otros lugares requirió generaciones construir.
Tampoco basta, sin embargo, con esperar que el tiempo nos vuelva maduros. La historia no educa por el mero transcurso de los años: educa únicamente cuando una sociedad transforma la experiencia en memoria, la memoria en instituciones y las instituciones en hábitos. Una calamidad repetida sin aprendizaje no fortalece; destruye. El dolor, por sí mismo, no ennoblece a los pueblos. Puede igualmente envilecerlos, volverlos desconfiados y acostumbrarlos a la supervivencia. Por eso México no necesita más sufrimiento como una suerte de pedagogía fatal, sino la capacidad colectiva de aprender de lo que ya ha sufrido.
Aquí aparece el segundo factor: el sistema político y social. México posee tecnología, talento e infraestructura comparables —y a veces superiores— a los que uno encuentra en otras latitudes. El problema comienza cuando esos recursos entran en contacto con prácticas que los deforman: mantenimiento diferido, improvisación, impunidad, captura partidista, corrupción cotidiana y desprecio por lo público. Entonces el tren nuevo envejece antes de tiempo, la norma se vuelve negociable y el espacio compartido termina tratado como tierra de nadie. No falla únicamente el objeto; falla la relación social que debía conservarlo.
Esto obliga a pronunciar algo en voz alta: mientras el sistema político considere a las personas principalmente como electorado y no como población; mientras vea votos donde debería reconocer necesidades, capacidades y derechos; mientras el quehacer gubernamental se consuma en ganar la siguiente elección y no en construir la siguiente generación, el poder público seguirá desperdiciándose. Cambiarán los discursos, los colores y los nombres, pero permanecerá intacta la maquinaria que distribuye beneficios inmediatos a cambio de obediencia y posterga las transformaciones cuyo fruto quizá recogerán otros.
Un Estado democrático no debe limitarse a administrar la precariedad ni a garantizar que la inconformidad permanezca dentro de márgenes manejables. Tampoco puede reducirse a proveer lo indispensable para que nadie muera de inanición mientras las posibilidades de una vida digna continúan clausuradas. Su tarea es más ambiciosa: crear las condiciones materiales, jurídicas y culturales para que cada persona pueda desarrollar sus capacidades y, al mismo tiempo, asumir sus responsabilidades frente a los demás. Esto supone servicios públicos eficaces, educación exigente, seguridad jurídica, movilidad social y consecuencias ciertas para quien daña lo común.
Hablar de contención, disciplina o deber puede despertar sospechas justificadas en un continente marcado por el autoritarismo. De ahí que sea indispensable precisar el argumento: no propongo un gobierno paternalista que domestique ciudadanos ni un poder que sacrifique derechos en nombre del orden. Los derechos humanos y las conquistas sociales constituyen el límite infranqueable de cualquier proyecto político digno. La autoridad que necesitamos no es arbitraria, sino legítima; no exige obediencia ciega, sino cumplimiento general de reglas democráticamente establecidas; no infantiliza a la población, sino que le permite ejercer una libertad responsable.
Las sociedades que admiramos también requieren ese marco. Sus habitantes sangran como nosotros, padecen las mismas pulsiones y pueden sucumbir a idénticas debilidades. Lo que a menudo las sostiene no es la pureza moral de sus ciudadanos, sino la existencia de algo que los trasciende: una noción relativamente estable de bien común, traducida en instituciones que sobreviven a los gobiernos. Cuando el transporte, los tribunales, las escuelas y el servicio civil no dependen enteramente del humor del gobernante en turno, la vida colectiva deja de recomenzar cada seis años.
Ese Estado no puede ser conducido por cualquiera y mucho menos permanecer secuestrado por los de siempre: quienes emplean palabras filantrópicas y declaran amor al pueblo como un ropaje destinado a ocultar su apetito de poder. La renovación política exige personas con un estándar superior de preparación, capacidad, compromiso y ética pública. No una casta superior por origen o privilegio, sino una clase dirigente superior por la calidad de sus obligaciones y por la severidad con la que acepta ser evaluada.
Entre esas obligaciones hay una que suele olvidarse: la renuncia. Gobernar debería implicar renunciar al enriquecimiento ilícito, al culto personal, al nepotismo, a la impunidad de los cercanos y a la tentación de confundir partido, gobierno y Estado. La renuncia no es una pose ascética. Es la condición mínima para que el poder recupere su naturaleza de servicio. Quien no está dispuesto a perder privilegios, popularidad e incluso el cargo cuando el interés público lo exige, difícilmente puede llamarse servidor de la nación.
Sin embargo, sería demasiado cómodo atribuir toda responsabilidad a los políticos. Ningún proyecto, por competente que sea su conducción, alcanzará sus fines si la población no asume una condición ineludible: avanzar hacia la superación. Hemos pronunciado con frecuencia palabras como soberanía, justicia e igualdad, pero rara vez concedemos al esfuerzo sostenido, a la disciplina y a la excelencia un lugar central en nuestra cultura cívica. Acaso ha llegado el momento de pasar a la siguiente letra de nuestro diccionario moral y detenernos en la “S”: superación.
Superarse no significa abrazar la crueldad de una competencia en la que cada quien se salva como puede. Tampoco consiste en romantizar el dolor ni en responsabilizar al individuo de obstáculos estructurales que no eligió. Significa comprender que ninguna transformación duradera se obtiene sin esfuerzo, aprendizaje, demora y cierta incomodidad. El Estado debe remover barreras injustas, pero la ciudadanía ha de responder con estudio, cuidado de lo público, respeto a la ley, trabajo bien hecho y disposición para corregirse. Derechos y deberes no se anulan: se sostienen mutuamente.
Quizá esa sea la enseñanza más incómoda del viaje. Londres no es una utopía. Su riqueza convive con desigualdad, exclusión, tensiones raciales y heridas imperiales que ninguna postal consigue ocultar. Pero su funcionamiento cotidiano demuestra que la convivencia puede organizarse con mayor previsibilidad y que las instituciones, aunque imperfectas, pueden acumular aprendizaje. La comparación pierde valor si se convierte en admiración servil; lo adquiere cuando nos ayuda a descubrir que aquello que parecía imposible es, en realidad, una construcción humana.
Ojalá más mexicanos pudieran vivir experiencias semejantes, no para regresar despreciando lo propio ni para imitar mecánicamente lo ajeno, sino para destruir el mito de que estamos condenados a la tragedia. Nada hay en nuestra sangre, en nuestra geografía o en nuestro carácter que nos destine al fracaso. Lo que existe son decisiones históricas, instituciones deficientes y hábitos aprendidos; y todo aquello que fue construido por seres humanos puede ser corregido por seres humanos.
Mis consideraciones son desesperadas porque nacen de la distancia entre el país que amo y el país que sé posible. Pero no son desesperanzadas. La desesperación lúcida puede ser el principio de una voluntad política, siempre que no se agote en la queja. México no necesita convertirse en Londres. Necesita convertirse, por fin, en la mejor versión de sí mismo: una nación que aprenda de su historia, preserve su dignidad, exija a sus gobernantes y comprenda que la independencia más difícil no se celebra una noche al año. Se conquista todos los días, cuando un pueblo deja de esperar su redención y comienza, con instituciones y esfuerzo, a construirla.